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La ley de adopcion

Conclusión
La ley viola elementales derechos y continúa alejada de. la realidad social. En algo innova pero, al igual que en las actitudes gatopardistas, se modifica un poco para que. todo continúe igual. Y se dejan de lado los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño cuyo altísimo contenido ético-moral no debe vivenciarse como una simple enunciación de derechos ni, obviamente, como una mora expresión de deseos. La obligación del Estado de prestar asistencia y apoyo a la familia del menor —en el más amplio sentido— se encuentra ínsita en la letra y en el espíritu de la Convención. Como lo expresa O’Donnell, tal apreciación implica un enfoque realista, desestimando el tratamiento excesivamente liberal del problema que venía y viene atribuyendo a la familia de origen toda la responsabilidad en lo que hace al bienestar del lujo.

Las leyes de adopcion

Las partes
A diferencia de lo que ocurría con la primigenia ley 13.252, la actual —al igual que la derogada 19.134— no contempla la participación do la familia biológica en el juicio do adopción. Se la excluye como parte del proceso. El art. 321. mc. b. proscribe que solamente son considerados como partes “el adoptante y el Ministerio Público de Menores”. Esta marginación implica un claro conculcamiento del derecho de defensa, principio sustentado por el art. 18 de la Constitución Nacional. Todos tenemos el derecho de ser oídos, de alegar y de probar en defensa del derecho subjetivo y del interés legítimo, según las leyes respectivas. Y os que no pueden dictarse decisiones, “inaudita parte que afecten esos derechos y esos intereses”. Es más, la garantía de defensa en juicio acusa mayor rigor aún en el caso de la adopción, en la que —al decir de un fallo de la Corte Suprema de Salta— los padres “ostentan legal, imperativa o irrenunciablemente, el derecho de representación necesaria de sus hijos, que es uno de los elementos componentes de la patria potestad”.

Las “condiciones personales”

Las “condiciones personales”
Bajo pena de nulidad, el juez esta obligado a tomar conocimiento de las condiciones personales y aptitudes del o de los adoptantes teniendo en consideracion la opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin (art. 3 1 7. inc. c). Por el contrario, con respecto a la familia biológica, tales condiciones no son obligatorias, “se podrán observar”, se lee en el texto, pero su incumplimiento no acarrea ninguna sanción, menos aun la de nulidad. No hay en consecuencia un seguimiento adecuado de la familia biológica: ni de sus necesidades, ni de sus inquietudes, ni de sus carencias. Se continua con el retaceo de la participación de la familia de origen, lo que conlleva, irremediablemente, a caer en un desconocimiento absoluto de los padecimientos de la misma.
Es evidente que el espiritu de la ley esta lejos de contemplar un tema tan preocupante. Esto llevó a Winnicott a concluir que “cuando un niño es alejado de sus padres surgen sentimientos muy intensos”, y a Anna Freud a afirmar que “en la mayoría do los casos las madres (privadas de sus hijos)… no pueden hacer fronte al conflicto de sus emociones íntimas”. Las preguntas esenciales: “¿Por qué (la madre) entrega al niño?”, “¿Qué motivos tiene para hacerlo?” quedan sin respuesta en la normativa de la ley. Es que para el espíritu que la guió, son preferibles el silencio y el olvido. Aquel silencio, que Catón definía como “la prudencia de los torpes” (Místicos morales: 1; 1; díst. 3), y este olvido estigmatizado por Alfredo de Mussel como “ese viejo remedio de la miseria humana” (“Lo Saule”. 11). Hay que tapar, no sea que se universalice la idea extraña que pretende convencernos de que en la gran mayoría de los casos la entrega ,se efectúa por falta de apoyo familiar y/o por factores económico-sociales. No vaya a suceder que se reflote la denuncia de Badinter: “… nadie tendría la desvergüenza de afirmar que todas estas mujeres que abandonan de un modo u otro a sus hijos lo hacían por falta de amor. Estaban reducidas a un grado tal de agotamiento físico y moral que cabe preguntarse qué posibilidades tenían de otro sacrifico vital”.
Pero esto no debe extrañar: una sociedad que viene desarrollando una arbitrariedad respecto de un fenómeno que simplemente es de carácter histórico-cultural. un mecanismo en el que “no existe una percepción social del niño pobre”, es una sociedad que hace parir normas jurídicas viciadas por las falencias que vengo denunciando.

El desamparo

Más de lo mismo

El “desamparo
Este es un tema reecurrente en las diversas normas que han venido rigiendo en materia de adopción. La nueva ley no es la excepción.
El mismo art. .31 7. que obliga a cit ar a los progenitores para que presión su consentimiento en el otorgamiento de una guarda, considera innecesario tal requisito cuando medio —por parte de aquellos-— un “desamparo moral o material’ del menor. Poro, como lo vengo sosteniendo en diversos trabajos, tal desamparo o abandono proviene de circunstancias exógenas que van más allá de la voluntad do la madre. Y es que la noción de abandono acusa una identidad particular resultante de elementos socioeconómico-culturales que inciden fuertemente sobre la estructura familiar.
De un estudio realizado por las Naciones Unidas surge que las razones principales del abandono de niños son la pobreza extrema de sus padres y los prejuicios sociales contra las madres solteras.
Al decir del representante de Unicef. Pierre Tagón, no se trata tan solo de un niño abandonado sino de toda una familia en estado de abandono. En tal cuadro de situación el desprendimiento del hijo se realiza mediante un acto volitivo viciado. Muchas veces surge la presión de las instituciones con ingerencia en la temática de la entrega de niños, presión ésta que también, y no infrecuentemente, proviene del grupo social al cual pertenece la madre.

NUEVA LEY DE ADOPCION: LOS MISMOS VIEJOS VICIOS

NUEVA LEY DE ADOPCION: LOS MISMOS VIEJOS VICIOS

Introducción
Desde la misma sanción de la ley 19.131 (que rigió durante 26 años en materia de adopción), se alzaron diversas críticas contra la misma. No sin razón: tanto la doctrina como la jurisprudencia advirtieron la inconsti-tucionalidad de un articulado que. entre otra anomalías, anulaba la participación de los progenitores en el proceso.
La norma, como es sabido, h sido derogada merced a la sanción de la ley 24.779. Diversos sectores han venido resaltando las bondades del nuevo ordenamiento presentándolo, no pocas veces, como un auténtico modelo dentro del universo jurídico.
En verdad algo se ha avanzado con el nuevo dispositivo: se requiere el consentimiento de los progenitores para el otorgamiento de una guarda del menor con miras a una futura adopción (art. 317, inc. a), y se prohibe la entrega de los menores por el procedimiento del acta notarial o del acto administrativo (art. 310). Nefasta práctica, esta última, que venía a legalizar el desprendimiento del bebé en pleno estado puerperal de su madre.
Empero, no obstante; el aparente avance en el tema que me viene ocupando, la legislación vuelve a caer en vicios de antigua data. Se persiste en el sostenimiento de un sistema que conculca derechos esenciales, tal como trataré de probar con los argumentos que se exponen a continuación.

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